�鶹ֱ��

Después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB o la Junta) restableciera por fin el quórum con la incorporación de una mayoría designada por Trump, muchos observadores esperaban que la actual composición de la NLRB revocara varios precedentes de la administración Biden. La semana pasada cayó la primera de lo que probablemente serán varias fichas más del efecto dominó.

El 23 de septiembre de 2026, la NLRB dictó en . En la resolución, adoptada por 2 votos a 1 —con dos miembros nombrados por Trump formando la mayoría y el único miembro demócrata de la Junta en desacuerdo—, la Junta restableció de hecho las normas favorables a los empresarios para evaluar la conducta indebida de los empleados durante la actividad sindical, normas que la Junta de la era Biden se había esforzado por desmantelar. Para los empresarios que se enfrentan a conflictos laborales relacionados con la actividad sindical, esta resolución supone un cambio significativo en el panorama normativo y probablemente presagia nuevos cambios en el futuro.

Antecedentes: un caso de «latigazo cervical» judicial

La saga de Lion Elastomers abarca tres gobiernos y varios recursos ante el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito. El caso se originó a raíz de las denuncias de que Lion Elastomers LLC infringió la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA o la Ley) al amenazar, sancionar y, en última instancia, despedir a un empleado por participar en actividades sindicales. La cuestión fundamental era determinar en qué momento la conducta de los empleados durante una actividad que, en otras circunstancias, estaría protegida, traspasa los límites y deja de gozar de la protección prevista en la NLRA.

Durante la primera administración de Trump, la Junta emitió el caso General Motors LLC, que sustituyó los criterios «específicos para cada contexto» que caracterizaban históricamente a la NLRB por un marco más unificado de inversión de la carga de la prueba. Bajo este enfoque, los empresarios parecían tener una vía más clara para justificar medidas adversas contra los trabajadores que cometieran faltas de conducta durante actividades sindicales. Sin embargo, la Junta de la era Biden utilizó el conflicto de Lion Elastomers para anular el caso General Motors en 2023 y restablecer el criterio «específico para cada contexto», que ofrece mayor protección a los trabajadores.

El Quinto Circuito opinaba lo contrario. En 2024, anuló la decisión de la Junta de 2023, al considerar que esta se había extralimitado en sus competencias y había vulnerado los derechos de la empresa a un proceso con las debidas garantías al revocar sus propios precedentes sin ofrecerle la oportunidad de ser oída sobre esa cuestión. El Quinto Circuito calificó la maniobra de la Junta como una «estrategia engañosa», señalando que la Junta había abordado el caso de Lion Elastomers para aplicar el precedente de General Motors, no para revocarlo.

La «Nueva Mayoría» entra en acción

Con una nueva mayoría al frente y el caso de vuelta en la NLRB, la Junta ha determinado ahora que la resolución del Quinto Circuito implica que el caso General Motors «constituye un precedente vigente de la Junta» a la hora de determinar si los empleados pierden la protección de la Ley por conducta indebida durante actividades contempladas en la Sección 7. Sin embargo, la mayoría se mostró algo cautelosa al hacerlo, formulando cuidadosamente su decisión de manera que se limitara a reconocer el efecto jurídico de la sentencia del Quinto Circuito, en lugar de llegar a afirmar que anulaba expresamente el precedente.

Aunque este enfoque pueda presagiar cómo abordará la Junta los futuros desafíos a los precedentes de la era Biden, al intentar que los resultados parezcan menos políticos, la consecuencia práctica del caso Lion Elastomers sigue siendo la misma: el péndulo vuelve a inclinarse hacia precedentes más favorables a los empresarios al desmontar las decisiones «impopulares» de la era Biden. Quizá no sea de extrañar que el miembro de la Junta David Prouty, nombrado por el presidente Biden para la NLRB en 2021, expresara enérgicamente su desacuerdo, argumentando que la mayoría estaba utilizando indebidamente la decisión del Quinto Circuito para «anular un precedente sustantivo y establecer un nuevo criterio que rija los casos futuros». Añadió que el enfoque de la mayoría «se traga la no aquiescencia de un solo bocado» y «permite que una única resolución judicial eche por tierra años de trabajo administrativo».

Repercusiones y perspectivas de futuro: ¿caerán más fichas de dominó?

El impacto práctico del caso Lion Elastomers es considerable. Con el enfoque de inversión de la carga de la prueba, que se ha restablecido, los empresarios que se defienden de acusaciones de prácticas laborales injustas basadas en medidas disciplinarias por conducta indebida de los trabajadores durante una actividad protegida disponen de un argumento más sencillo. En lugar de tener que lidiar con un criterio multifactorial —que tenía en cuenta el lugar de la discusión, el tema tratado, la naturaleza del arrebato y si el empresario había provocado la conducta—, los empresarios pueden centrarse en demostrar que se habría tomado la misma medida independientemente de la actividad protegida.

Si el caso de Lion Elastomers es, de hecho, el primer paso de una campaña para desmantelar gran parte de la labor de la Junta de la era Biden, los observadores de la agencia deberían estar atentos y esperar más novedades en torno a la NLRB. Otras decisiones «impopulares» relativas a las normas sobre empleadores conjuntos, los procedimientos electorales y la facultad de imponer medidas correctivas podrían estar pronto en el punto de mira. Y, por supuesto, independientemente de tus inclinaciones y opiniones políticas y personales, el caso Lion Elastomers demuestra sin duda una vez más que la adhesión de la NLRB a la idea de ser una agencia independiente que sigue y aplica la ley al margen de las corrientes políticas es un vestigio histórico que probablemente no volverá, y que el péndulo que oscila en la agencia seguirá moviéndose cada vez con mayor agresividad. Por ahora, sin embargo, los empresarios que se enfrenten a acusaciones de medidas disciplinarias ilegales relacionadas con la conducta indebida de los trabajadores durante actividades sindicales pueden consolarse con el hecho de que, una vez más, la «ley» del país es más favorable para los empresarios.

Al menos por ahora.