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El Congreso ha cerrado efectivamente la «laguna jurídica del cáñamo» que permitía la proliferación de productos derivados del cáñamo —en particular bebidas— que quedaban fuera de la regulación tradicional del cannabis. Para las empresas que fabrican bebidas de cáñamo u otros productos de consumo derivados del cáñamo, este cambio legislativo representa el principio del fin de los productos de cáñamo, en gran medida no regulados, y marca así un punto de transición crítico. Aunque las implicaciones completas se revelarán a lo largo del próximo año, las empresas deberían empezar a reevaluar sus carteras de productos, estrategias de etiquetado, cadenas de suministro y planes a largo plazo. 

La Ley Agrícola de 2018 y la estampida del Salvaje Oeste 

En virtud de la Ley Agrícola de 2018, el «cáñamo» se definió de la siguiente manera:

 «Cáñamo: la especie vegetal Cannabis sativa L. y cualquier parte de dicha planta, incluidas sus semillas y todos sus derivados, extractos, cannabinoides, isómeros, ácidos, sales y sales de isómeros, ya sea que se encuentre en crecimiento o no, con una concentración total de delta-9 tetrahidrocannabinol no superior al 0,3 % en peso seco».

Esta definición excluyó el cáñamo de la Ley de Sustancias Controladas y permitió el comercio generalizado de productos derivados del cáñamo, incluidas las bebidas que contienen cannabinoides distintos del delta-9 THC. Los empresarios se dieron cuenta rápidamente de que podían producir efectos intoxicantes utilizando compuestos como el delta-8 THC, el delta-10 THC, el THCA y derivados semisintéticos sin infringir el umbral exclusivo del delta-9, y comenzaron a comercializar agresivamente productos que contenían estos compuestos. 

El auge de estos productos coincidió con una  , especialmente entre los grupos más jóvenes, y las ventas florecieron hasta el punto de que las bebidas con infusión de THC están ahora disponibles en muchos puntos de venta tradicionales en todo el país. Los reguladores estatales, sorprendidos por el cambio radical, en muchos casos no tenían la autoridad legislativa, los recursos para hacer cumplir la ley ni el capital político para tomar medidas enérgicas contra una industria en auge que beneficiaba (en muchos casos) a los pequeños empresarios, a pesar de las preocupaciones válidas sobre la seguridad de ciertos productos «de dudosa procedencia» comercializados para niños o de otras formas peligrosas o engañosas (por ejemplo, productos que afirmaban poder curar o tratar afecciones médicas).        

El proyecto de ley de asignaciones presupuestarias para 2025: llega un nuevo sheriff a la ciudad 

Las revisiones a las definiciones de la Ley Agrícola de 2018, introducidas sigilosamente en el  que reabrió el gobierno federal — tienen como objetivo explícito cerrar la «laguna jurídica» que permitió el auge de las bebidas con THC y productos similares. Las revisiones no modificaron la definición básica del cáñamo, pero añadieron varias exclusiones clave a la definición. Ahora, el cáñamo no incluye: 

(1) semillas viables de plantas de Cannabis sativa L. que superen las concentraciones totales de THC del 0,3 % en la planta, en peso seco;  

(2) productos intermedios derivados del cáñamo que contengan cualquiera de los siguientes: (i) cannabinoides que no sean producidos naturalmente por la planta Cannabis sativa L.; (ii) cannabinoides que pueden ser producidos de forma natural por la planta Cannabis sativa L., pero que son sintetizados o fabricados artificialmente (es decir, fuera de la planta); o (iii) más del 0,3 % del THC total o cualquier otro cannabinoide que tenga efectos similares al THC; 

(3) productos intermedios derivados del cáñamo que se comercializan o venden como producto final o directamente al consumidor final para uso personal o doméstico; y  

(4) productos finales derivados del cáñamo que contengan cualquiera de los siguientes: (i) cannabinoides que no sean producidos naturalmente por la planta Cannabis sativa L.; (ii) cannabinoides que pueden ser producidos de forma natural por la planta Cannabis sativa L., pero que son sintetizados o fabricados artificialmente (es decir, fuera de la planta); o (iii) más de 0,4 mg en total por envase de THC total u otros cannabinoides que tengan efectos similares al THC. 

Es importante destacar que el término «producto cannabinoide derivado del cáñamo» incluye «cualquier producto intermedio o final derivado del cáñamo» que contenga cannabinoides y esté destinado al uso humano o animal por cualquier medio de aplicación o administración, incluida la inhalación, la ingestión o la aplicación tópica.

Esta revisión tiene dos efectos clave. En primer lugar, la ley pasa de medir únicamente el delta-9 THC al «tetrahidrocannabinol total», incluido el THCA, lo que reduce significativamente el número de productos que pueden considerarse cáñamo. En segundo lugar, excluye los cannabinoides sintetizados o convertidos químicamente fuera de la planta, lo que afecta directamente al delta-8 THC y otros cannabinoides semisintéticos que constituyen la base de muchas bebidas de cáñamo con efectos intoxicantes. 

Para las empresas de bebidas de cáñamo en particular, las consecuencias son considerables. Muchas bebidas populares actualmente se basan en un bajo contenido de delta-9 THC, pero incluyen otros cannabinoides intoxicantes para producir efectos psicoactivos. Según la definición revisada, estos productos podrían dejar de considerarse «cáñamo» y, en su lugar, ser tratados como sustancias controladas por la ley federal. Esto crea posibles problemas para el transporte interestatal, las relaciones de distribución, la colocación en el mercado minorista y la fabricación futura.

Al mismo tiempo, la FDA sigue manteniendo que el CBD no es un ingrediente permitido en alimentos o suplementos dietéticos sin una normativa adicional. La FDA y la FTC han emitido múltiples cartas de advertencia conjuntas dirigidas a los productos comestibles y bebidas derivados del cáñamo, en particular aquellos que hacen afirmaciones relacionadas con la salud o utilizan marcas atractivas para los jóvenes. Como resultado, las empresas se enfrentan ahora a la presión tanto de la definición más restrictiva del cáñamo como del marco regulador existente de la FDA para alimentos y bebidas.

La legislación estatal añade aún más complejidad. Incluso antes de que el Congreso tomara medidas, los estados estaban promulgando normas que regulaban los productos de cáñamo con efectos intoxicantes. California, por ejemplo, prohíbe la venta fuera del mercado regulado del cannabis de alimentos, bebidas y suplementos industriales de cáñamo con THC detectable. Otros estados han adoptado límites de potencia, estructuras de concesión de licencias, restricciones de edad y restricciones a la venta al por menor. 

La nueva ley federal no sustituye por completo estos programas estatales, sino que eleva el nivel mínimo federal, lo que significa que algunos productos pueden ser ahora ilegales en todo el país, incluso si un estado concreto los ha tolerado históricamente. De hecho, el 18 de noviembre, la celebrada en Scottsdale, los ponentes de la AG dejaron claro que tienen la intención de aumentar la aplicación de la ley contra los productos de cáñamo que se venden en puntos de venta al por menor que no se ajustan a la nueva definición federal, con especial atención a las iniciativas publicitarias de protección del consumidor. En la misma línea, los cambios a nivel federal han  , entre ellos Ohio e Illinois, a descartar las regulaciones propuestas sobre el THC del cáñamo en favor de prohibiciones legislativas absolutas.   

¿Cómo deben responder los actores del sector a los cambios? 

En este contexto, los fabricantes de productos de cáñamo deberían, como mínimo, hacer una pausa para reevaluar su estrategia tanto a corto como a largo plazo. Tal y como están las cosas, los cambios en la ley entrarán en vigor el 12 de noviembre de 2026, lo que dará tiempo a la industria para adaptarse. Hay algunos argumentos a favor de adoptar una actitud de «esperar y ver»: el Congreso ya está recibiendo presiones de grupos agrícolas, defensores de la industria del cáñamo y ciertos reguladores estatales para que revise el texto o aplique un marco más matizado. La aplicación de la ley federal contra las bebidas de cáñamo con efectos intoxicantes se ha limitado principalmente a los productos que atraen a los jóvenes o a las afirmaciones explícitas sobre enfermedades. Y el mercado actual de bebidas con THC derivadas del cáñamo es rentable y está en crecimiento. Para algunas empresas, seguir vendiendo durante el período de transición mientras se preparan para una posible reformulación o reclasificación puede ser una opción comercialmente racional. 

Sin embargo, este enfoque no está exento de riesgos. Como se ha señalado anteriormente, las prioridades de aplicación de la ley por parte de los estados parecen estar cambiando rápidamente, los principales minoristas pueden empezar a retirar productos de sus catálogos y el suministro de cáñamo y productos intermedios derivados del cáñamo puede disminuir en respuesta a los cambios a nivel federal.  Por consiguiente, una estrategia híbrida —mantener los productos que generan ingresos a corto plazo mientras se preparan opciones de cumplimiento a largo plazo— puede ser la vía más sostenible. Con ese fin, hay varias medidas que las empresas de este sector pueden adoptar en el período transitorio: 

• Realizar una auditoría de la cartera, catalogar todo el contenido de cannabinoides, calcular el THC/THCA total por porción y envase, e identificar cualquier cannabinoide convertido sintéticamente. Las empresas deben evaluar qué referencias pueden permanecer de forma plausible dentro de la definición federal revisada y cuáles necesitarán una reformulación o migración a canales de cannabis regulados.
• Revisar todos los materiales de marketing y etiquetado, eliminar las afirmaciones terapéuticas, las afirmaciones implícitas sobre el estado de ánimo o la intoxicación, y cualquier envase dirigido a los jóvenes.
• Reevaluar los acuerdos de cadena de suministro y distribución, prestando especial atención a las cláusulas de rescisión por causa justificada y fuerza mayor, ya que los bancos, las aseguradoras, los principales minoristas y los proveedores de logística pueden revisar su disposición a apoyar a los operadores de cáñamo-THC.
• Siga de cerca los acontecimientos a nivel estatal, ya que se espera que los estados adopten una serie de nuevas restricciones, requisitos de pruebas, impuestos y obligaciones de licencia para las bebidas de cáñamo durante el próximo año. Para muchas empresas, las normas estatales, más que la aplicación de la ley federal, pueden convertirse en la barrera práctica inmediata para continuar con sus operaciones.

Por último, a medida que se produzca este nuevo cambio, confíe en �鶹ֱ�� para obtener información actualizada sobre la normativa. Nuestros abogados pueden ayudar a orientar a los empresarios, inversores y operadores durante estos tiempos de incertidumbre.