El Segundo Circuito sostiene que la Convención de Nueva York es de aplicación automática y no está supeditada a la Ley McCarran Ferguson.
El 8 de mayo de 2025, el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos dictaminó, en los casos Certain Underwriters at Lloyd’s, London v. 3131 Veterans Blvd LLCy Certain Underwriters at Lloyd’s, London v. Mpire Properties LLC,números de expediente 23-1268-cv y 23-7613-cv, que la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros («Convención de Nueva York»), que rige los arbitrajes internacionales, es de aplicación automática y no se ve invalidada por la Ley McCarran Ferguson, que normalmente deja la regulación de los seguros a la legislación estatal. Con esta conclusión, el Segundo Circuito revocó su decisión contraria de 1995 en Stephens contra American International Insurance Co. («ٱԲ»)[1] y se sumó a la decisión del Quinto Circuito en Safety National[2] la decisión del Noveno Circuito en CLMS Management,[3] y la decisión del Primer Circuito en Green Enterprises,[4]cada una de las cuales ha sostenido que la Convención de Nueva York es de aplicación automática. La decisión del Segundo Circuito en el caso 3131 Veterans Blvd. es especialmente importante para las aseguradoras y reaseguradoras extranjeras que operan en los Estados Unidos. Dado que Nueva York es una sede muy popular para los arbitrajes que involucran a aseguradoras y reaseguradoras extranjeras, y que muchas pólizas de seguro y tratados de reaseguro contienen cláusulas de arbitraje, las aseguradoras y reaseguradoras extranjeras ahora pueden citar la decisión contra los argumentos de que ciertas leyes estatales prohíben los arbitrajes de disputas de seguros.
3131 Veterans Blvd. y Mpire Properties implicaban sendas disputas sobre la cobertura entre una empresa de Luisiana y una aseguradora extranjera de líneas excedentes. Cada póliza en litigio contenía una amplia cláusula de arbitraje. Insatisfechos con las cantidades ofrecidas para liquidar las reclamaciones por daños materiales, los asegurados interpusieron demandas ante los tribunales estatales de Luisiana, alegando que la legislación de Luisiana prohíbe las cláusulas de arbitraje en los contratos de seguro.[5] Las aseguradoras, a su vez, interpusieron demandas ante el tribunal federal de Nueva York, alegando que las cláusulas de arbitraje son ejecutables en virtud de la Convención de Nueva York y solicitando la imposición del arbitraje. Los jueces del Tribunal de Distrito, vinculados por la decisión del Segundo Circuito de 1995 en el caso Stephens, fallaron a favor de los asegurados. En Stephens, elSegundo Circuito había sostenido anteriormente que la Convención de Nueva York no es de aplicación automática y se basa en una «ley del Congreso» para su implementación y, por lo tanto, la Ley McCarran Ferguson no tiene prioridad.[6]
En apelación, el Segundo Circuito revocó su propia decisión de hace 30 años y derogó el caso Stephens en la medida en que sostiene que la Convención de Nueva York no es de aplicación automática. En primer lugar, el Segundo Circuito sostuvo que, a pesar del claro lenguaje de delegación en la cláusula de arbitraje, la aplicación de los principios de delegación de la Ley Federal de Arbitraje para remitir la controversia al arbitraje invalidaría, menoscabaría o sustituiría la ley de Luisiana que prohíbe la ejecución de cláusulas de arbitraje en los contratos de seguro. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que no podía basarse en la Ley Federal de Arbitraje para «remitir a un tribunal de arbitraje la cuestión previa fundamental de si la Ley McCarran Ferguson permite que la ley de Luisiana anule las cláusulas de arbitraje en cuestión».
En cuanto al caso Stephens, el Segundo Circuito sostuvo que la decisión de 1995 ya no era compatible con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular con el caso Medellin v. Texas.[7]En Medellín, elTribunal Supremo identificó varias características distintivas de una disposición de un tratado «de aplicación automática», tales como (1) una directiva a los tribunales estadounidenses, (2) el requisito de que Estados Unidos adopte una medida concreta y (3) una indicación de que el tratado ratificado surta efecto jurídico inmediato. A la luz del criterio de Medellín, el Segundo Circuito sostuvo que la Convención de Nueva York es autoejecutable porque el artículo II de la Convención de Nueva York ordena a los tribunales estadounidenses remitir a las partes a arbitraje (salvo que exista una excepción), y que esta redacción satisface tanto el primer factor como el segundo. El Segundo Circuito desestimó los argumentos de los asegurados de que la Convención de Nueva York contiene disposiciones que no pueden interpretarse de manera justa como una «directiva»; el Tribunal razonó que un tratado de aplicación automática puede tener tanto un lenguaje de tipo directivo como un lenguaje más discrecional. En cuanto al tercer factor, el Segundo Circuito reconoció las observaciones de los asegurados de que el presidente Johnson, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y el senador Kearney hicieron declaraciones indicando que era necesaria una legislación de aplicación para que la Convención de Nueva York entrara en vigor en los Estados Unidos. No obstante, el Segundo Circuito coincidió con el Noveno Circuito en que no hay pruebas de que los redactores y negociadores de la Convención creyeran que el artículo II no fuera de aplicación automática. Por último, el Segundo Circuito se basó en el escrito amicus curiae de los Estados Unidos en el caso La. Safety Ass’n of Timbermen-Self Insurers Fund v. Certain Underwriters at Lloyd’s, London,[8] en el que el Gobierno afirmó de manera inequívoca que el artículo II es de aplicación automática.
La decisión del Segundo Circuito en el caso 3131 Veterans Blvd. evita un conflicto entre circuitos y dificulta que una parte argumente en un circuito que aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de que el artículo II del Convenio de Nueva York no es de aplicación automática. No obstante, las partes del sector de los seguros y reaseguros deben elegir cuidadosamente las disposiciones relativas a la ley aplicable y la jurisdicción para asegurarse de que las disposiciones de arbitraje de los acuerdos sean ejecutables.
[1]Stephens contra Am. Int’l Ins. Co., 66 F.3d 41 (2.º Cir. 1995).
[2]Safety Nat. Cas. Corp. contra Certain Underwriters At Lloyd’s, Londres, 587 F.3d 714 (5.º Cir. 2009).
[3]CLMS Mgmt. Servs., 8F.4th 1007 (9.º Cir. 2021).
[4]Green Enterprises, LLC contra Hiscox Syndicates Ltd. en Lloyd’s of London, 68 F.4th 662 (1.º Cir. 2023).
[5] La. R.S. §22:868.
[6] La Ley McCarran Ferguson, una ley federal, deja la regulación de los seguros en manos de los estados. El texto pertinente establece lo siguiente:
«Ninguna ley del Congreso se interpretará en el sentido de invalidar, menoscabar o sustituir cualquier ley promulgada por cualquier Estado con el fin de regular el negocio de los seguros... a menos que dicha ley se refiera específicamente al negocio de los seguros».
15 USC § 1012(b).
[7] 552 U.S. 491 (2008)
[8] N.º 09-945, 2010 WL 3375626, en *8-11 (2010).
